Comunicado oficial

A cinco años del crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa, pasos esperanzadores ante los desafíos que perduran El Estado mexicano ha iniciado la adopción de acciones positivas y se espera que pronto se logren los resultados que se buscan y merecen las víctimas

26 de septiembre de 2019

Foto: Benjamin Fernandez/CINU

A cinco años del ataque en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda las acciones del actual Gobierno en el caso. En particular, merece reconocimiento el establecimiento de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y el diálogo establecido entre el Presidente López Obrador y las familias de los estudiantes, mismo que será periódico, así como el hecho que se hayan celebrado convenios de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la propia ONU-DH y se haya nombrado a un nuevo Fiscal Especial para el caso, mismo que cuenta con el respaldo de las familias y organizaciones que las acompañan.

“La Comisión Presidencial ha significado un verdadero cambio de rumbo. Logró construir una relación de confianza entre las familias y el Estado mexicano” destacó Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México. “Consideramos de particular relevancia que la Comisión Presidencial haya permitido abrir espacios de diálogo, que esperamos puedan profundizarse, con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y las Fuerzas Armadas. Es igualmente relevante que la Comisión Presidencial haya escuchado a importantes ex funcionarios del estado de Guerrero, haya buscado romper el silencio de testigos y presuntos responsables dentro de los márgenes de la ley y que hiciera posible la visita al Batallón militar de Iguala. Asimismo, reconocemos los esfuerzos de búsqueda que se han realizado, aunque hasta la fecha no se han logrado los resultados que merecen las familias.”

Las acciones llevadas a cabo por las nuevas autoridades han demostrado los enormes desafíos que enfrentan quienes intentan alcanzar la verdad y la justicia. “La investigación del caso sigue dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento, cometidas por las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada ´verdad histórica”, subrayó Jan Jarab. “Resulta difícil distinguir las pruebas reales de las fabricadas y, al mismo tiempo, rescatar todo aquello que puede servir para dar con el verdadero paradero de los estudiantes y sancionar a todos los responsables con estricto apego al debido proceso.”

En este contexto, la ONU-DH saluda el diálogo establecido entre el Fiscal General y las familias de los estudiantes, así como el compromiso de la Fiscalía General de la República de relanzar la investigación penal de manera seria y respetuosa de los derechos humanos y le insta a generar una nueva teoría del caso. Asimismo, ante los recientes hechos relacionados con el caso, la nueva evidencia sobre actos de tortura durante la investigación oficial y las liberaciones ocurridas por diversas razones, entre ellas la falta de elementos de convicción lícitos, la ONU-DH exhorta a investigar las graves transgresiones a los derechos humanos ocurridas durante la investigación ministerial, incluyendo los casos documentados por la ONU-DH en el informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.

La Oficina subraya que es una obligación del Estado mexicano excluir del procedimiento penal cualquier prueba que haya sido obtenida a través de actos de tortura u otros malos tratos. La tortura envicia las pruebas obtenidas por su comisión, más no así el resto del material probatorio recabado de manera lícita. En virtud de esta norma internacional y de las obligaciones que se tienen con respecto a las víctimas, la ONU-DH hace un llamado a que el Estado mexicano impulse, en esta nueva fase, una investigación que recabe pruebas que puedan ser efectivamente utilizadas para fincar responsabilidades en contra de los perpetradores en el caso Ayotzinapa. “Conocer el paradero de los estudiantes y sancionar a los responsables es una deuda que el Estado mexicano todavía tiene con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad en su conjunto”, agregó Jan Jarab.

La ONU-DH reitera su profunda solidaridad y empatía con las familias de los estudiantes desaparecidos, ejecutados y heridos. Asimismo, reconoce la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Servicios para la Asesoría y la Paz que representan y acompañan a las familias de las víctimas.

Finalmente, la ONU-DH seguirá proveyendo asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, sobre la base del acuerdo suscrito en el marco de la visita oficial a México de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el 8 de abril de 2019, y está plenamente dispuesta a profundizar dicha cooperación internacional de la forma que más convenga a los actores interesados en la consecución de la verdad, la materialización de la justicia y la reparación integral de las víctimas.A cinco años del ataque en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda las acciones del actual Gobierno en el caso. En particular, merece reconocimiento el establecimiento de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y el diálogo establecido entre el Presidente López Obrador y las familias de los estudiantes, mismo que será periódico, así como el hecho que se hayan celebrado convenios de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la propia ONU-DH y se haya nombrado a un nuevo Fiscal Especial para el caso, mismo que cuenta con el respaldo de las familias y organizaciones que las acompañan.

“La Comisión Presidencial ha significado un verdadero cambio de rumbo. Logró construir una relación de confianza entre las familias y el Estado mexicano” destacó Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México. “Consideramos de particular relevancia que la Comisión Presidencial haya permitido abrir espacios de diálogo, que esperamos puedan profundizarse, con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y las Fuerzas Armadas. Es igualmente relevante que la Comisión Presidencial haya escuchado a importantes ex funcionarios del estado de Guerrero, haya buscado romper el silencio de testigos y presuntos responsables dentro de los márgenes de la ley y que hiciera posible la visita al Batallón militar de Iguala. Asimismo, reconocemos los esfuerzos de búsqueda que se han realizado, aunque hasta la fecha no se han logrado los resultados que merecen las familias.”

Las acciones llevadas a cabo por las nuevas autoridades han demostrado los enormes desafíos que enfrentan quienes intentan alcanzar la verdad y la justicia. “La investigación del caso sigue dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento, cometidas por las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada ´verdad histórica”, subrayó Jan Jarab. “Resulta difícil distinguir las pruebas reales de las fabricadas y, al mismo tiempo, rescatar todo aquello que puede servir para dar con el verdadero paradero de los estudiantes y sancionar a todos los responsables con estricto apego al debido proceso.”

En este contexto, la ONU-DH saluda el diálogo establecido entre el Fiscal General y las familias de los estudiantes, así como el compromiso de la Fiscalía General de la República de relanzar la investigación penal de manera seria y respetuosa de los derechos humanos y le insta a generar una nueva teoría del caso. Asimismo, ante los recientes hechos relacionados con el caso, la nueva evidencia sobre actos de tortura durante la investigación oficial y las liberaciones ocurridas por diversas razones, entre ellas la falta de elementos de convicción lícitos, la ONU-DH exhorta a investigar las graves transgresiones a los derechos humanos ocurridas durante la investigación ministerial, incluyendo los casos documentados por la ONU-DH en el informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.

La Oficina subraya que es una obligación del Estado mexicano excluir del procedimiento penal cualquier prueba que haya sido obtenida a través de actos de tortura u otros malos tratos. La tortura envicia las pruebas obtenidas por su comisión, más no así el resto del material probatorio recabado de manera lícita. En virtud de esta norma internacional y de las obligaciones que se tienen con respecto a las víctimas, la ONU-DH hace un llamado a que el Estado mexicano impulse, en esta nueva fase, una investigación que recabe pruebas que puedan ser efectivamente utilizadas para fincar responsabilidades en contra de los perpetradores en el caso Ayotzinapa. “Conocer el paradero de los estudiantes y sancionar a los responsables es una deuda que el Estado mexicano todavía tiene con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad en su conjunto”, agregó Jan Jarab.

La ONU-DH reitera su profunda solidaridad y empatía con las familias de los estudiantes desaparecidos, ejecutados y heridos. Asimismo, reconoce la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Servicios para la Asesoría y la Paz que representan y acompañan a las familias de las víctimas.

Finalmente, la ONU-DH seguirá proveyendo asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, sobre la base del acuerdo suscrito en el marco de la visita oficial a México de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el 8 de abril de 2019, y está plenamente dispuesta a profundizar dicha cooperación internacional de la forma que más convenga a los actores interesados en la consecución de la verdad, la materialización de la justicia y la reparación integral de las víctimas.