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CIDH y ONU Derechos Humanos celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú el 22 de Abril, Día Internacional de la Madre Tierra.

22 de abril de 2021

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Ciudad de México, 21 de abril de 2021- En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en América y en ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales (REDESCA) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

                                                                   

El Acuerdo de Escazú, es el primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del  medio ambiente. Por lo que la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe este 22 de Abril de 2021 significa un relevante avance para la protección de quienes defienden el medio ambiente y la tierra, ya que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para su esencial trabajo.

 

En palabras del Representante en México de la ONU Derechos Humanos Guillermo Fernández-Maldonado “el Acuerdo es una innovadora e importante herramienta legal para la protección de defensoras y defensores del ambiente que son víctimas de acoso, estigmatización, agresiones y violencia”.

 

“La defensa y protección de los derechos ambientales es una actividad legítima que debe ser protegida por los Estados,” aseguró Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la ONU Derechos Humanos.

 

Isabel Albaladejo Escribano, Representante en Honduras de la ONU Derechos Humanos, aseguró que “la Oficina expresa su profundo reconocimiento a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, especialmente a las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes; además, reconocemos la importancia del rol que ejercen en la democracia.”

“Solidaricémonos, sumémonos y respaldemos el trabajo que desarrollan las personas que defienden los bosques, las selvas, la flora, la fauna, el agua, los ríos, los lagos, los mares y todos los recursos naturales”, dijo Alán García Campos, Jefe de la Misión de la ONU Derechos Humanos en Bolivia.

“Las amenazas y estigmatización hacia las personas que defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales, además de poner en riesgo su vida, tienen un efecto amedrentador que busca desalentar la legítima defensa de los derechos humanos.  También impacta a sus familias y comunidades. Es fundamental proteger y promover su labor,” aseveró Mika Kanervavuori, Representante de la ONU Derechos Humanos en Guatemala.

 

En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes.

 

“Algunas personas afirman que las y los defensores de los derechos ambientales son un obstáculo para el desarrollo. Hasta las y los tildan de “terroristas”. Muy por el contrario, juegan un rol vital en la consolidación de la democracia y su labor debe protegerse y respaldarse. La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú marca un hito en este sentido; es por esto que esperamos que otros Estados lo ratifiquen pronto,” declaró Alberto Brunori, Representante de la ONU Derechos Humanos, América Central.

 

La CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos exhortan a los Estados a cumplir con su deber de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Para ello es crucial que se reconozca de manera pública e inequívoca la importancia de la labor de todos los defensores y defensoras del Medio Ambiente, fortalecer la investigación y el procesamiento de los delitos de los que son víctimas, evitar el uso indebido del derecho penal en su contra y adoptar políticas públicas integrales de protección, incluyendo medidas específicas para proteger las mujeres defensoras. También alientan a los Estados de la región a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violencia, particularmente a través de su capacidad de respuesta institucional, civil, de desarrollo y ambientalista, para promover los derechos y proteger las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

 

 

La Pandemia por COVID-19 se suma como uno más de los obstáculos para la Defensa del Medio ambiente.

 

“El Acuerdo de Escazú empodera a las personas y a las sociedades fortaleciendo los derechos a la información, participación y justicia. También protege de forma específica a las personas defensoras ambientales que tantos desafíos enfrentan,” dijo Jan Jarab, Representante de la ONU Derechos Humanos, América del Sur.

 

La implementación del Acuerdo de Escazú es vital ya que como resultado de las medidas tomadas para la prevención de contagios y para el manejo de la pandemia por COVID-19 se ha visto limitado el derecho a la participación de las personas defensoras de Derechos Humanos, incluidos activistas ambientales, así como también se limitó el acceso efectivo a la información y a la justicia. Y como consecuencia de la justificada limitada participación de los defensores y ambientalistas, se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones.

 

Tener un modelo respetuoso a los Derechos del Ambiente y demás Derechos Humanos debe ser una prioridad para todos.

 

El Representante Guillermo Fernández-Maldonado hizo hincapié en que “el acuerdo de Escazú es también una gran contribución para lograr que en el marco de proyectos de desarrollo se garantice el respeto a derechos como la salud, el agua o la vivienda”, y que las obligaciones en materia de Derechos Humanos “no sólo son de los Estados, sino también de las empresas, cuya acción en esta materia es fundamental para alcanzar el objetivo que se plantea en el acuerdo y es el tener un modelo de desarrollo respetuoso a los Derechos del Ambiente y los demás Derechos Humanos relacionados”.

 

Y es por ello que la CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos saludan a los países que han ratificado este acuerdo, alientan a los países que aún no lo han hecho a hacerlo prontamente e instan a todos los Estados de la región a desarrollar procesos participativos, mediante planes de acción nacionales, para su efectiva implementación.